 |
México sabe que es posible contar con una democracia eficiente para que el Estado sea eficaz; es decir, que los poderes públicos sirvan de mejor manera a la población. Los mexicanos queremos una democracia en la que los poderes Ejecutivo y Legislativo establezcan un diálogo propositivo y edificante que asegure más y mejores resultados políticos, que se traduzcan en beneficios sociales, más pronto y a menor costo. Y tratándose de un asunto trascendente para los ciudadanos mexicanos, el PRI quiere consultar a la ciudadanía, aprovechando las herramientas legales que el marco jurídico recientemente aprobado prevé.
Efectivamente, el asunto no es nuevo, hace tres años el entonces precandidato Enrique Peña Nieto, en la búsqueda de consolidar un Estado más eficaz, respecto a la construcción de acuerdos entre los poderes, escribió en la página 46 de su libro titulado: “México, la gran esperanza” que: favorecería la formación de mayorías la eliminación de cien diputados de representación proporcional. Propuesta que defendió durante su campaña y que probablemente haya sido razón para que muchos de los millones de electores que así lo hicieron votaran por él.
Los beneficios de esta medida saltan a la vista, pues contribuye a disminuir el gasto público, facilita la construcción de acuerdos, favorece la toma oportuna de decisiones, fortalece la efectividad del voto emitido por los ciudadanos al contar con un mayor número de diputados electos por el principio de mayoría relativa, en proporción con los llamados plurinominales; mantiene el sistema mixto de representatividad que nuestro país se ha dado y que ha permitido la correcta representación de la mayoría, sin detrimento de la representatividad de las minorías; permite la adecuada participación de todas las fuerzas políticas, en su respectiva proporción; preserva la garantía de la representatividad de todos los ciudadanos; promueve una mayor calidad del debate parlamentario, manteniendo la riqueza de la pluralidad; responde a una exigencia expresada por diversos sectores y actores sociales; y mejora el funcionamiento democrático sin cambiar el sistema electoral, pues no implica reformar los artículos del 39 al 41 constitucionales que versan sobre asuntos electorales, sino los artículos 52 y 56, que tratan de la integración de las cámaras de diputados y senadores, respectivamente, razón por la cual sí puede ser sometida a una consulta ciudadana.
Persuadidos de los anteriores aspectos positivos, nuestra “Plataforma Electoral 2012–2018” retomó este planteamiento entre sus objetivos estratégicos, para “Modernizar y dar funcionalidad al régimen político”, para lo cual propuso en la página 12: “valorar las propuestas de reducción del número de legisladores,” lo cual incluye, además de la de diputados, a la Cámara de Senadores.
Por lo anterior, y con base en la Ley Federal de Consulta Popular aprobada en el reciente periodo transformador, el partido quiere consultar a los mexicanos si estarían “de acuerdo en que se modifique la constitución para que se eliminen 100 de las 200 diputaciones plurinominales y las 32 senadurías plurinominales”.
En el afán de concluir la transición democrática, también en lo tocante al régimen político, el PRI propone cambiar una disposición que aprobamos hace 28 años, cuando las condiciones sociales y políticas eran otras; ahora que los partidos son competitivos, es momento de alcanzar más y mejores resultados legislativos, con menos senadores y diputados plurinominales.
*Presidente del PRI.
No hay comentarios:
Publicar un comentario