APLICACIÓN DE LA FUERZA CIVIL EN TODOS LOS ESTADOS DEL PAÍS

    El Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), Jorge Argáez Uribe, participó en la Junta Nacional de Secretarios Ejecutivos de Seguridad Pública, celebrada en Monterrey, Nuevo León, donde el tema principal fue el Desarrollo Policial y en la que se designó al gobernador neolonés, Rodrigo Medina de la Cruz, como titular de la Comisión Especial de Desarrollo Policial, instancia colegiada, reguladora y articuladora de los esfuerzos en la materia para el establecimiento de estándares profesionales mínimos, así como mecanismos de monitoreo y evaluación para medir avances periódicos.

   Asimismo, el propósito de la reunión es establecer un modelo que se pueda aplicar en todas las corporaciones policiacas de las entidades federativas del país, para replicar el modelo de Fuerza Civil aplicable en todas estas, tal y como lo promueve la Presidencia de la República.

   En el evento, Argáez Uribe destacó que ante la demanda de la sociedad por una mejor seguridad, en el tema de los recursos es importante agilizar su aplicación, pues aún y cuando la homologación en la aplicación de los recursos es importante, hay que generar una estrategia basada en resultados.

Dijo que no es únicamente comprar chalecos antibalas, patrullas, o radios o lo que se tenga que comprar, pues se tiene que invertir en lo que se requiera para ejercer o para lograr un resultado por delito, porque si al final no se refleja en la disminución del índice delictivo, no se obtiene el objetivo principal.

   Como dato importante, se destacó que anualmente el Gobierno Federal destina en promedio cinco mil millones de pesos para la seguridad pública a las 32 entidades federativas.

   La reunión estuvo presidida por Homero Galeana Chupín, Director General de Apoyo Técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en representación de Jorge Carlos Hurtado Valdez, Secretario Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, y María de los Ángeles Fromow Rangel, secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal.