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Posteriormente, se recibieron más de 33 propuestas por parte de diversos actores de la industria y de la sociedad en general,
destacando las propuestas presentadas por la Asociación Nacional de
Telecomunicaciones (ANATEL), la Cámara Nacional de la Industria
Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información
(CANIETI), la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la
Televisión (CIRT) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Asimismo, en su proceso de redacción, se consultó a organismos internacionales, entre ellos a la OCDE, quien aportó propuestas desde muy variados puntos de vista, diferentes visiones y perspectivas y con quienes se realizaron ejercicios de retroalimentación.
Como resultado de lo anterior, en la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se plantean términos novedosos para generar, por un lado, condiciones que permitan incrementar sustantivamente la infraestructura y, por otro, la obligación de hacer más eficiente su uso; lo cual tendrá un impacto directo en la caída de los precios y en el aumento de la calidad de los servicios.
Así, el Estado mexicano afirma su capacidad rectora sobre el rumbo del sector de telecomunicaciones y radiodifusión, sin por ello interferir con el espacio de actividad económica que en esencia corresponde a los particulares en un mercado caracterizado por la competencia y la libre concurrencia.
Asimismo, en su proceso de redacción, se consultó a organismos internacionales, entre ellos a la OCDE, quien aportó propuestas desde muy variados puntos de vista, diferentes visiones y perspectivas y con quienes se realizaron ejercicios de retroalimentación.
Como resultado de lo anterior, en la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se plantean términos novedosos para generar, por un lado, condiciones que permitan incrementar sustantivamente la infraestructura y, por otro, la obligación de hacer más eficiente su uso; lo cual tendrá un impacto directo en la caída de los precios y en el aumento de la calidad de los servicios.
Así, el Estado mexicano afirma su capacidad rectora sobre el rumbo del sector de telecomunicaciones y radiodifusión, sin por ello interferir con el espacio de actividad económica que en esencia corresponde a los particulares en un mercado caracterizado por la competencia y la libre concurrencia.
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