martes, 11 de febrero de 2014

INHABILITAN A OCEANOGRAFÍA, EMPRESA LIGADA A HIJOS DE MARTA SAHAGÚN. (Luis García (com.soc.srio.gral.prdcamp@gmail.com)


MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 21 meses y 12 días a la empresa Oceanografía, ligada a Jorge Alberto y Manuel Bribiesca, hijos de Marta Sahagún, pareja del expresidente Vicente Fox Quesada.

De acuerdo con una nota publicada por el portal del periódico Reforma, la SFP multó a Oceanografía con 24 millones de pesos, derivado de nueve procedimientos iniciados el año pasado por el Órgano Interno de Control, que concluyó que la compañía no cumplía con el porcentaje mínimo de los requisitos de los contratos firmados.

Oceanografía es una de las proveedoras más importantes de Petróleos Mexicanos (Pemex) en su división de Exploración y Producción. Entre 2011 y 2013 obtuvo al menos 43 contratos para servicios en altamar, que incluían reparación y mantenimiento de pozos. El monto por estos servicios ascendía a 11 mil 500 millones de pesos.

La revista Proceso publicó el 23 de noviembre del año pasado un reportaje sobre los negocios de los hermanos Bribiesca con Oceanografía:

“El gobierno de Enrique Peña Nieto ha decidido su campo de batalla: Petróleos Mexicanos.

“Ahora, funcionarios priistas investigan un caso en extremo sensible para el panismo: En el sexenio de Vicente Fox y de Felipe Calderón, la empresa Oceanografía S.A. de C.V., fue repetidamente favorecida con la asignación de contratos por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex), que con ‘maniobras marrulleras’ le dio a ganar miles de millones de pesos.

“De acuerdo con documentos y entrevistas realizadas por el corresponsal, el asunto es relevante porque –desde hace 11 años– en la paraestatal se menciona que detrás de Oceanografía están inmiscuidos Jorge Alberto y Manuel Bribiesca Sahagún, hijos de Marta Sahagún, esposa del expresidente Fox.

“Sólo en el periodo 2010-2012, a partir de la asignación de cinco contratos, Pemex favoreció a Oceanografía con ingresos brutos por 3 mil 250 millones 455 mil 303 pesos, gracias a la ampliación de convenios cuya legalidad no es clara, según revelan documentos consultados por Proceso”.

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